COMUNICACIÓN PARA LA TRANSPARENCIA Y SU NORMATIVA

Las políticas de transparencia nacieron en España tarde, enmarañadas en la crisis económica y la desafección hacia la política. Transparencia reactiva para taponar la hemorragia de algunos sonados escándalos de gestión. Transparencia como antídoto al veneno de la corrupción. Pero transparencia no como moda, no como tendencia pasajera, sino comunicación para la transparencia para quedarse en la praxis cotidiana de las administraciones.

Siendo importante la transparencia, lo es también la comunicación para la transparencia. Las instituciones públicas y privadas producen una ingente cantidad de datos. Procesarlos, ordenarlos y traducirlos a un lenguaje claro y útil para las personas administradas es un reto al que se deben enfrentar quienes desarrollan trabajos públicos. No hay que perder el norte la transparencia no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para que, con una comunicación comprensible, sea de utilidad.

Las normativas sobre transparencia, tanto la estatal como las autonómicas, son todavía muy jóvenes. En Aragón, la Ley 8/2015, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, suscitó un poco frecuente acuerdo parlamentario. Entró totalmente en vigor hace un año: el 10 de enero de 2016.

La ley aragonesa tiene la virtud de aupar a rango legal aspectos diversos, tal como describe su propio título: transparencia de la actividad pública, pero también participación ciudadana.

Incluye todo lo relativo al acceso a la información, con unos plazos muy exigentes: en diez días desde que cualquier ciudadano registra una solicitud de acceso a información, las administraciones deben acusar recibo de la solicitud, y en el plazo de un mes deben aportar la información, salvo que existan causas legalmente previstas y justificadas que lo impidan. Y estos plazos obligan a todas las instituciones aragonesas, tenga el tamaño que sea.

La gestión de la información y la comunicación para la transparencia es un gran reto, sobre todo para las pequeñas entidades locales aragonesas, tan escasas de recursos: uno de cada tres ayuntamientos aragoneses no dispone siquiera de web, tal como reflejan los estudios de universidades como la San Jorge, con el proyecto InfoParticipa.

Según el informe que realizó InfoParticipa en 2015, con la información publicada en las webs corporativas de los 719 municipios de Aragón, casi todos los ayuntamientos suspendían en calidad informativa y transparencia. Solo aprobaban entonces 12 de los municipios: las tres capitales de provincias, 6 municipios zaragozanos y 3 oscenses.

Habrá que ver el grado de mejora del cumplimiento de la normativa de transparencia, no sólo en las administraciones, sino también del resto de actores a las que obliga la ley autonómica: sindicatos, asociaciones, federaciones, fundaciones… La transparencia y la participación, con su correspondiente comunicación, son una enorme área de trabajo, que hay que abordar con procedimiento y profesionalidad.